El Colegio de Procuradores Judiciales surgió como idea desde antes que sus actuales servidores del ministerio público ocuparan sus cargos en carrera administrativa como una manifestación de defensa al mérito como baremo para el ingreso a la Procuraduría General de la Nación tal y como lo precisó nuestra Corte Constitucional en su sentencia C-101 de 2013.

A partir de una primera reunión en la Municipalidad de Aratoca (Santander) por parte de actuales Procuradores Judiciales quienes fueron decisivos en la defensa del concurso público a través de sus respectivas intervenciones en distintas acciones de tutela, se fue cristalizando esa idea por la conformación del Colegio de Procuradores Judiciales con el principal propósito de servir como órgano que desde la academia pueda apoyar a todos los Procuradores Judiciales en el cumplimiento de sus funciones como agentes del Ministerio Público hasta el punto que ya es un hecho su creación donde ya pertenecen un grueso grupo de COLEGIADOS, quienes comparten ese mismo propósito de servicio a nuestra entidad.

El Colegio Nacional de Procuradores Judiciales es una asociación sin ánimo de lucro con vocación de servicio social desde lo académico en aras de propiciarle a los procuradores judiciales mayores herramientas que le permitan cumplir con sus funciones de intervención, preventiva y disciplinaria en su dimensión constitucional de Ministerio Público a través de acciones coordinadas con la propia Procuraduría General de la Nación y que contribuyan a un mejor empoderamiento de nuestro compromiso por servir a la comunidad en la defensa de los derechos fundamentales, el orden jurídico y el patrimonio público.

Para el año 2025, el Colegio Nacional de Procuradores Judiciales será reconocido a nivel nacional e internacional como la única asociación que verdaderamente se preocupa por blindar el prestigio de la Procuraduría General de la Nación a través de las acciones proactivas que desplieguen sus procuradores judiciales a partir de su talento humano y responsable encaminado a la defensa del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho.

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