Un fantasma acecha a la Procuraduría General de Nación, que aún se resiste a aceptar algo que hasta hace menos de un año resultaba inimaginable: que luego de un concurso de méritos, más de 700 profesionales íntegros, competentes y sin ningún tipo de padrinazgo político se desempeñen como Procuradores Judiciales dentro de una entidad que históricamente fue un fortín político de significativa importancia, al que en buena medida se ingresaba por recomendación del cacique político en turno.

Nuestro ingreso como Procuradores Judiciales no ha sido fácil. Por el contrario, el proceso se intentó dilatar y quienes respetamos eI orden constitucional hemos impulsado las acciones en contra de las estrategias respetables, pero desconocedoras del mérito, a las que han recurrido quienes se han sentido despojados de sus “dignidades” y así, para dolor de dichas personas, nuestra causa ha logrado salir avante. Como ejemplo de eIIo, los señalamientos de irregularidades y fraudes fueron despejados por la propia administración y hasta el momento la Fiscalía General dela Nación no ha podido demostrar su ocurrencia.

Para la comunidad judicial no es un secreto que en el corto tiempo de nuestro desempeño hemos dado sobradas muestras de conocimiento y compromiso con los deberes encargados, contribuyendo de esta forma a mejorar la percepción de la Procuraduría General de la Nación en la ciudadanía y en el conjunto de |a institucionalidad colombiana. Deseosos de fortalecer aún mas nuestra misión constitucional y legal, nos hemos dado a la tarea de crear el COLEGIO NACIONAL DE PROCURADORES JUDICIALES que hoy nos agrupa, para que desde este escenario académico se defiendan los derechos de la sociedad y de los asociados a tener una administración de justicia digna, asequible y adecuada.

Sin embargo, con extrañeza vemos que aún existen personas que se empecinan en desconocer que la meritocracia ya se consolidó en nuestra entidad. Con absoluto respeto por las decisiones judiciales, asi no se compartan, se aclara que Ia decisión del 15 de marzo de 2017 proferida por un magistrado del Honorable Consejo de Estado, de ninguna forma acabó con el concurso de méritos ni lo dejó en el limbo, cuestión que resulta imposible porque este ya culminó. Se trató de una determinación mediante la cual, a titulo de medida cautelar, se ordenó ala Procuraduría General de la Nación que se abstenga de realizar la evaluación del desempeño laboral de unos cuantos Procuradores Judiciales que aún se encuentran en período de prueba, amparando expresamente los derechos de carrera de quienes ya lo superaron.

No se pretende a través de este comunicado descalificar la providencia judicial, pues ello iría en contravía de los principios y propósitos del COLEGIO NACIONAL DE PROCURADORES JUDICIALES. No obstante, en defensa de ia legalidad y de nuestros derechos adquiridos y convencidos dela transparencia de cada una de las etapas del concurso que ya culminó, los Procuradores Judiciales que ingresamos por mérito a la entidad hemos acudido a los mecanismos judiciales procedentes para hacer ver los defectos procesales y sustanciales de dicha determinación. De hecho, en igual sentido procedió la Oficina Jurídica de la entidad.

En este punto llamamos Ia atención sobre la postura contraria al principio constitucional del mérito, adoptada por el Jefe de la Oficina de Selección y Carrera de la entidad, quien, sin soporte jurídico alguno, extendió los efectos de la medida cautelar a quienes ya habían superado el período de prueba y, por ende, adquirido derechos de carrera, al suspender su inscripción en el Registro Único de Carrera. Esto, según el, en espera de que se confirme o se revoque una decisión judicial que, insistimos, no afecta más que a unos cuantos y que expresamente dejó a salvo los derechos de carrera de quienes ya habían superado el período de prueba.

También nos dirigimos a los señores Procuradores Delegados encargados de calificar el desempeño laboral de los Procuradores Judiciales que, inscritos o no, hoy culminan su primer período evaluabIe como titulares de derechos de carrera. Esperamos que en el plazo legal cumplan con dicho deber de calificación.

El escenario en el que ahora nos hallamos resulta propicio para que Colombia entera identifique con claridad quiénes son los amigos y los enemigos de Ia meritocracia y en ese sentido esperamos contar con el respaldo del doctor FERNANDO CARRILLO FLOREZ, actual Procurador General de Nación, especialmente en lo relacionado con el respeto de los derechos de quienes superaron el período de prueba, de los que están por superado y de los elegibles que deben ser nombrados en las plazas ofertadas aún pendientes por proveer. Lo que menos esperamos es que el señor Procurador nos dé la espalda.

 

¡NUESTRA CAUSA ES JUSTA y UNIDOS ESTAMOS DISPUESTOS A DEFENDERLA!

COLEGIO NACIONAL DE PROCURADORES JUDICIALES

Bogota D.C., abril 30 de 2017